Desde 2005, unos 600 ejidatarios han exigido el pago de indemnización por el daño a sus tierras en seis ejidos de 500 hectáreas en Nayarit, tras la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán, concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Promotora Inbursa. La semana pasada, mientras se manifestaban en la caseta Ruiz, un grupo armado los amedrentó y desde entonces los ha obligado a cobrar cuota a los automovilistas ante la pasividad de las autoridades locales, acusó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional. También tienen tomada la caseta Acaponeta.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Decenas de campesinos se manifestaban en la caseta Ruiz de la autopista Tepic-Mazatlán para exigir, como lo han hecho desde hace 14 años, el pago de indemnización por sus tierras dañadas tras la construcción de la obra federal. Con armas de fuego, un grupo de 15 personas del crimen organizado arribó al plantón el miércoles de la semana pasada por la tarde y desde entonces los tienen «secuestrados» para obligarlos a cobrar cuotas de 50 o 100 pesos a los automovilistas y de 200 pesos a los tráileres, acusaron miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional.
Le marcaron por teléfono a la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit, comandada por Jorge Benito Rodríguez, pero no les contestó la llamada.
«Ellos llegaron y tomaron el control de la caseta […] Se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación», dijo una campesina que estaba en el lugar exigiendo el pago de sus tierras. «Prácticamente es un secuestro porque aunque los compañeros pueden regresar a sus casas por unas horas, son obligados a regresar a la manifestación».
«Hay alrededor de unos 20 compañeros retenidos por estas personas que pertenecen a la delincuencia organizada y [están] amenazados si se retiran o dejan de cumplir su tiempo de manifestación. Si los automovilistas no quieren cooperar, les rompen sus cristales, les ponchan las llantas y amenazan con armas de fuego a los conductores hasta que no den lo que les piden. Es un cobro obligatorio y arriesga la integridad de nuestros compañeros y de los conductores», acusó.
Otro campesino que también estuvo en el ataque del miércoles pasado 10 de abril aseguró que continuarán con su lucha por el pago de indemnización, pero ya no tomarán autopistas.
«Llegaron buscando dinero», evocó. «Ellos ya tienen una tarifa [en el cobro de peaje]. Carro que pasa, piden 50 pesos, por decir. Si es camioneta, se cobra 100. No es legal nada. Son del crimen organizado. Están extorsionando. Lo que quieren es el dinero y ponen a la gente ahí representando el plantón sirviendo de carne de cañón».
El viernes pasado un usuario de la autopista se quejó en Twitter sobre la toma en la caseta Acaponeta, también de la autopista: «Tomadas las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán del lado de Nayarit, EXIGIÉNDOTE una cooperación de 100 pesos y bloqueándote el paso si no quieres cooperar! (sic)», escribió.
De acuerdo con la ejidataria, la caseta Acaponeta está tomada por el crimen desde febrero. «Llegaron y preferimos replegarnos ante la amenaza de en enfrentamiento», evocó.
El martes el Centro de Derechos Humanos «Antonio Esteban» acusó que la retención de campesinos por la delincuencia organizada «demuestra la inacción y aquiescencia de la Secretaría de Gobernación para resguardar a las/los ejidatarios que se manifiestan por las afectaciones causadas a sus tierras por la autopista Tepic-Mazatlán», publicó en su Facebook.
Por su parte, el vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, acusó que «las organizaciones indígenas y campesinas no solamente somos agredidas por grupos de choque y paramilitares que sirven a grupos caciquiles y empresas trasnacionales con costos en vidas humanas, ahora también somos blanco de grupos de la delincuencia organizada con la autorización y consentimiento del Estado».
Ante la pasividad de las autoridades locales, han intentado reunirse con la Secretaría de Seguridad federal, encabezada por Alfonso Durazo Montaño, para que les garantice la libre manifestación sin intervención de la delincuencia organizada.
«Con el Gobierno federal estamos a la espera de qué se va hacer y qué plantean», expuso la ejidataria. «Cuando entró el nuevo Gobierno se le planteó la situación. Nos pidió el margen de un mes para poner atención a la demanda. Pero hoy, a cuatro meses de gobierno, no hay respuesta y ahora nos encontramos con que nuestro mecanismo de lucha se ve arrebasado por la delincuencia organizada».
La prensa local reportó el 6 de abril, tres días antes del ataque, que ante las casetas de cobro tomadas, el Secretario de Seguridad Publica, Jorge Benito Rodríguez, afirmó que “si el Comisario de la [Policía] Federal lo requiere, entraremos como fuerza pública y los desalojaremos [a los campesinos]».
Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de la toma de casetas en el país en el marco de las vacaciones de Semana Santa.
«Se está buscando la manera que haya acuerdos», dijo. «En algunos casos tienen razón porque fueron afectados y no se les indemnizó. No se les pagó por sus tierras».
«En otros casos, pues sí es la forma de sacar recursos. Eso no está bien, y ya se está atendiendo. Pero ya no es la ‘ley del garrote’. Estamos convenciendo, persuadiendo, no hay en México un gobierno autoritario».
DEUDA DE LA SCT DESDE 2005
Desde 2005, alrededor de 600 ejidatarios de Rosa Morada, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Acaponeta y Tecuala, Nayarit, –municipios ubicados en la zona donde pasó el huracán Willa en octubre de 2018– han exigido la indemnización por sus tierras dañadas.
Son alrededor de 500 hectáreas de los ejidos «San Francisquito», «El Habalito», «El Conchi», «El Chilillo», «Palmillas» y «Chicuras». Ahí cultivan frijol, arroz, mango, jícama, piña, sandía, entre otras.
«Hay ejidatarios que perdieron desde una hectárea hasta cuatro o cinco hectáreas. [La obra] cruzó la mitad de su terreno. A parte, no hay mecanismos para poder seguir cultivando las tierras que quedaron del otro lado. No hay puentes para acceder. Una cosechadora no cabe. No hubo una planificación adecuada para no pasar a dañar a los campesinos», planteó la campesina integrante de CNPA-MN. «Es muy marcada la miseria que ha quedado a falta de acceso a esas tierras. Se tienen que ir a trabajar a otras huertas».
El campesino nayarita coincidió en que la autopista les perjudicó porque «hay varias partes donde los caminos se descompusieron y no hay manera de pasar. No hay puentes o son puentes inconclusos que no tienen agarradero. Las parcelas quedaron divididas».
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no les ha dado solución. La concesión de la autopista de 238.3 kilómetros la dio esta dependencia en 2005 a Promotora Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, por mil 612 millones de pesos. La inversión en la obra fue de 3 mil 062 millones de pesos.
En marzo del 2018, aún en el sexenio pasado, los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista, finalizada en 2003, colocaron un plantón afuera de la delegación de la SCT en Tepic, Nayarit.
«La SCT no ha pagado la afectación de nuestras parcelas. De más de 30 núcleos agrarios que hay en Nayarit hay [seis] ejidos expropiados y no pagados. La lumbre se prendió desde 2005», contó el campesino Humberto en aquella protesta. «No es justo que traigamos a la gente mayor y esté aquí parada haciendo protestas para que la SCT nos pague».
Aquella vez colgaron una manta afuera de la dependencia. «Exigimos el pago de 600 compañeros por la invasión de la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán», rezaba.
Pero, ante la falta de diálogo con las autoridades, el 26 de marzo del año pasado, tomaron las casetas de Acoponeta y Ruiz de la autopista Tepic-Mazatlán. Lo levantaron en junio, pero volvieron a tomar ambas casetas en enero de este año. Y luego llegó el crimen organizado.
